Tras revisar los últimos decretos, detectamos una alarmante acumulación de litigios judiciales y rectificaciones constantes. Especialmente grave es la devolución de fondos públicos no justificados. No cuestionamos la legalidad, sino la eficacia: gestionar tarde o sin control deteriora la confianza ciudadana. Exigimos al gobierno respuestas sobre este desorden administrativo.
"Proponemos la creación de un Plan de Choque de Eficiencia Administrativa y una auditoría externa de las subvenciones para evitar que se pierda ni un solo euro de los vecinos por errores de gestión."
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